Se educa con el ejemplo, y esto en verdad resultó cierto en este sexenio, en donde si el presidente fue exonerado por el caso de la Casa Blanca, por qué no el ex director general de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN, por el caso ODEBRECHT –destapado en este espacio hace meses- en donde un directivo de la empresa brasileña declaró que le dieron cinco millones de dólares al funcionario de marras como soborno por un contrato multi millonario…
Como se recordará el caso se destapó cuando el gobierno de DONALD TRUMP reveló que realizaba una investigación a fondo sobre los sobornos por 800 millones de dólares que la empresa ODEBRECHT, de MARCELO ODEBRECHT, dio a varios funcionarios de alto nivel en varios países de Latinoamérica a cambio de contratos multi millonarios, entre los que se encontraban funcionarios mexicanos…
LA PLATAFORMA semanas antes había publicado que el asunto explotó cuando literalmente tronó Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz , donde tiene sus mayores intereses el actual director de PEMEX, PEPETOÑO GONZÁLEZ ANAYA, y donde precisamente este tema surgió después de la explosión en la planta de MEXICHEM, de ANTONIO DEL VALLE RUIZ, e ICA, de BERNARDO QUINTANA ISAAC, que enlutó de decenas de familias de trabajadores y que hasta el momento no ha arrojado ningún funcionario de esta empresa y de PEMEX detenido, que le costó el puesto a JAVIER VERGARA CASTILLO, amigo personal y quien le cuidaba los intereses de EMILIO LOZOYA AUSTIN, y que sustituyó LUIS RAFAEL MONTANARO SÁNCHEZ, persona de las confianzas de PEPETOÑO a tal grado que le confió el proyecto de la filial de Etileno XXI por 5 mil 200 millones de dólares (98 mil 800 millones de pesos al día de hoy), que no era más que la entrega de la industria petroquímica a la compañía brasileña BRASKEM (del conglomerado industrial ODEBRECHT), y al palero mexicano GRUPO IDESA, por aquello de las justificaciones nacionalistas…
Lo increíble es que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados de nuestro país exoneró de juicio político a EMILIO LOZOYA AUSTIN, con el argumento de que venció el plazo legal para hacerle rendir cuentas, dictamen elaborado por los priistas CARMEN GUILLÉN VICENTE y ÁLVARO IBARRA HINOJOSA, se establece: “El denunciado no puede ser objeto de juicio político en razón de que el procedimiento de juicio político sólo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después… por lo que nos encontramos fuera del periodo antes señalado, toda vez que es de conocimiento público que el denunciado concluyó su encargo el 8 de febrero de 2016″…
La solicitud de juicio político se presentó el 1 de marzo de ese mismo año por la diputada y coordinadora de Morena, ROCÍO NAHLE, quien denunció que los presidentes de la Subcomisión dejaron pasar el tiempo “con toda alevosía” para luego poder argumentar la imposibilidad legal para analizar la solicitud…
¡IMPUNIDAD!
